El Consejo de Administración Legislativa calificó el proyecto de Ley para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, enviado por el presidente de la República Rafael Correa y remitió a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social para el análisis correspondiente.
El proyecto contiene 44 artículos, de los cuales 41 son reformas al Código del Trabajo y 3 a la Ley de Seguridad Social y consta de cinco ejes o áreas referentes a la profundización del derecho a la estabilidad laboral, la búsqueda de la equidad, la modernización del sistema salarial, la democratización de la representación laboral y la universalización de la seguridad social.
Además, de 16 disposiciones generales innumeradas referentes a las condiciones generales de acceso a las pensiones, base de aportación, base de cálculo, subsidio del Estado; sobre la pensión por incapacidad permanente total y absoluta; la pensión jubilar; pensiones de viudedad y orfandad; subsidio para funerales, entre otros.
Según lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión de los Trabajadores, tendrá al menos 45 días para presentar el informe para primer debate.
El primer mandatario en su exposición de motivos, argumenta que en el país se ha observando una existencia mayoritaria de contratos a plazo fijo por sobre los de plazo indefinido.
Una situación manifiestamente injusta es la de las madres embarazadas que pueden ser despedidas, aunque con una indemnización mayor a la ordinaria por situación especial, pero nada permite que, una vez ocasionado el despido, la madre pueda acceder nuevamente a una plaza de trabajo de manera que pueda colaborar en el sustento del hogar.
Ante ello, anota, que se requiere una intromisión mayor del Estado para que se tenga por ineficaz el despido del que ha sido objeto, de tal suerte que le permita reincorporarse a las labores y mantener inalterada su situación a pesar de las discriminaciones de que pueda ser objeto.
Igualmente explica que debe garantizarse el reintegro a los dirigentes sindicales en caso de despido intempestivo y reforzarse las indemnizaciones por despido a causa de discriminación.
También propone extender el ámbito de la jurisdicción coactiva para que el Ministerio del ramo pueda recaudar para los trabajadores, las utilidades que les correspondan, luego de que haya existido una resolución firme en el ámbito tributario que haya declarado la existencia de utilidades o en un momento mayor a aquel sobre el cual se pagaron las participaciones de los trabajadores.
Por otro lado, el trabajo no remunerado del hogar, realizado fundamentalmente por mujeres, cumple una función económica y social de importancia central para la sociedad, que no ha sido objeto de reconocimiento normativo ni social, por lo que es urgente establecer un espacio adecuado que permita la afiliación, sostiene el jefe de Estado.
Confirmado.net/Asamblea
