A propósito de la noticia “Correa anima a sus seguidores en redes sociales a hostigar a sus críticos”, y al extracto de la misma que fue publicada como parte del reportaje: “Amenazados por el yihadismo, limitados por el antiterrorismo”, el 3 de mayo de 2016 en diario El País, en conmemoración del Día de la Libertad de Prensa, el Embajador de Ecuador en España, Miguel Calahorrano, hizo las siguientes precisiones:
Pionera España en la declaración de la libertad de prensa, luego de la declaración de Virginia de 1776 y de la Revolución Francesa de 1789, cuando el 27 de septiembre de 1810, tan solo tres días después de la instalación efectiva de las Cortes de Cádiz, el quiteño José Mejía Lequerica fue uno de los tres diputados suplentes que plantearon en el seno de las Cortes la necesidad de “ocuparse con prontitud de la libertad de imprenta”.
Hacia el 10 de noviembre de 1812, mediante el voto favorable de 68 diputados, el decreto IX quedo aprobado. En él se puede ver claramente la cara y el reverso de un mismo derecho: la libertad de prensa. En el primer artículo se declara la libertad de prensa y en 18 de los veinte artículos siguientes se trata de las “restricciones y responsabilidades” que entraña el ejercicio de este derecho, algo que ha quedado para debate durante dos siglos.
En sus reflexiones sobre la conmemoración del decreto en mayo de 2010, Juan Luis Cebrián, subraya a la abolición de la censura como uno de los principales aspectos del trabajo de los diputados de 1812. No obstante, hay que decir también, que 9 de cada diez artículos del decreto IX tratan de lo que más tarde será abordado como parte de los códigos deontológicos del periodismo.
Por un lado, la abolición de la censura y, por otro, las restricciones y responsabilidades son el binomio inseparable de todos los tratados acerca de la libertad de prensa desde hace más de dos siglos. Cierto, se busca afianzar siempre la libertad de prensa frente a la censura opresora, más el periodismo serio ha buscado también reforzar el otro aspecto ligado a su derecho, comenzando por el respeto a la verdad, a la reputación de los demás, a la presunción de inocencia. Los periodistas rigurosos buscan investigar bien los hechos y perseguir la objetividad, contrastar los datos, diferenciar claramente entre información y opinión, confrontar las diferentes versiones así como también rectificar las informaciones erróneas, entre otros aspectos importantes.
En esencia, sobre esta base se retoma el debate en forma acendrada después de un siglo de Cádiz, tanto en Europa como en Estados Unidos. Se puede constatar que a lo largo del siglo XX hay por lo menos tres oleadas de códigos de ética periodística. Una, la de inicios de siglo fundamentalmente en Estados Unidos, otra, luego de la Segunda Guerra Mundial en todo el planeta y piloteada por las naciones Unidas y en particular por la UNESCO, ya hacia fines de siglo. Quizás un punto importante de esta última oleada, muestra la resolución europea en 1993 del Código Europeo Deontológico de periodismo, así como también la de España en ese mismo año, en los que se enfatiza “el derecho a la libre información y expresión de ideas, y además, también se expresa que se ha de tener en cuenta que esta actividad está sometida a límites, que son aquellos que impiden la vulneración de otros derechos fundamentales”
Atendiendo a estas dos normas universales, de las cuales devienen el resto de códigos deontológicos y normas que regulan el ejercicio de la libertad de expresión en el mundo democrático, Ecuador ha definido su Ley de Comunicación en la que se recoge todos los aspectos del código deontológico del periodismo, que tiene hoy un carácter universal.
Del artículo de El País en mención, llama la atención en primer lugar las fuentes en las que se fundamenta: Freedom House y Reporteros Sin Fronteras. La primera, que carga con el antecedente de haber sido fundada por el expresidente Roosevelt, quien entendía la democracia a su manera y a la del régimen de Somoza, su más querido aliado. Freedom House apoyó a los hoy en día asesinos declarados de campesinos y sacerdotes en El Salvador. Por otra parte, Reporteros Sin Fronteras ha sido muy criticada por su ojeriza a Cuba y por la naturaleza política de sus actividades, de lo que deviene un financiamiento del “Center for a Free Cuba” de Miami y del National Endowment for Democracy (NED), para sus actividades de sesgo anticubano.
Incluso sin estar de acuerdo con las clasificaciones de sus dos fuentes, resulta sesgado el reporte en cuestión, porque si se hace un sencillo resumen de la posición de Ecuador, se podrá encontrar que su ubicación, en términos de garantías y derechos a la libertad de expresión, está lejos de compartir la de aquellos países peor catalogados del mundo. Pero mucho más importante que aquello, es destacar que en Ecuador no hay ningún periodista que haya sido asesinado, ni encarcelado, ni perseguido, ni despedido, ni mucho menos flagelado por causa de su trabajo. El derecho al libre ejercicio periodístico se evidencia en que cada día se publican sin ninguna restricción artículos muy críticos con el Gobierno, que incluso rozan la calumnia y la distorsión interesada de los hechos.
Por el contrario, la lista de países que acompañan a Ecuador en este reportaje sí que recogen cifras de periodistas asesinados, perseguidos, encarcelados, despedidos o en procesos judiciales, a causa de su ejercicio profesional.
Es evidente que, al menos en el caso de Ecuador, este reportaje tiene el claro objetivo de dañar la imagen del Gobierno ecuatoriano, ya que sin tener datos de asesinatos o encarcelamientos a la prensa, lo enmarcan en una información dura y llena de cifras alarmantes.
Por lo expuesto, y en virtud del derecho a la libertad de expresión que a todos nos asiste, solicito hacer pública mi carta, como una contribución para que los lectores de El País puedan examinar otros puntos de vista y criterios sobre el reportaje que ha motivado mi intervención.
Atentamente,
Dr. Miguel Calahorrano Camino
Embajador del Ecuador en España
